Lunes de política
El Gobierno colombiano busca la posibilidad de negociar con los distintos actores del conflicto dentro de un marco que permita tener un proceso de justicia transicional sin reglamentación previa.
Actualmente, el Ejecutivo ha planteado la ley de víctimas y de restitución, la reforma de la ley de justicia y paz, la Ley 1424 para desmovilizados y la prórroga de la ley de orden público.
Rosembert Ariza Santamaría, abogado, magíster en Estudios Políticos, doctor en Sociología Jurídica y profesor de la UN, expresó en el programa UN Análisis* de UN Radio: “El Ejecutivo está obrando en dos frentes: uno es el propiamente político, es decir, los diálogos por una salida negociada de bajo perfil; el otro es el jurídico, lo que significa que podríamos tener una reelección de Santos, para poder concretar la tarea de hacer la paz”.
El Gobierno ha dicho que para someter a los grupos ilegales hace falta un marco jurídico. Sin embargo, Ariza Santamaría precisó: “sí lo hay, pero las herramientas son cuestionadas. Precisamente, en ese sentido, se ha presentado un proyecto para reformar la ley de justicia y paz, porque tiene grandes vacíos. Más allá, lo que está en el fondo es el papel que jugarían los desmovilizados en el concierto político nacional y la posibilidad de que estos tengan voz política en el Congreso”.
La incomodidad que pueden tener muchos sectores se debe a los riesgos de impunidad, pues estas personas han estado involucradas en crímenes y delitos de lesa humanidad. Punto este que ha sido criticado por las ONG internacionales. Asimismo, el abogado explicó: “este es un tema que se debe valorar en profundidad, si evaluamos la ley de justicia y paz después de seis años, nos damos cuenta de la incompetencia institucional y judicial para acometer un juzgamiento de este tamaño”.
Al respecto, Juan Carlos Palou, coordinador del área de construcción de paz y posconflicto, de la Fundación Ideas para la Paz, indicó: “el marco jurídico para la paz es una estructura de nivel constitucional que le va a permitir al Gobierno adelantar un proceso político de negociación del conflicto con los grupos guerrilleros. Además, este marco recoge el proceso de aprendizaje que se ha tenido en procesos de paz anteriores, como el caso paramilitar, que sufrió contratiempos, obstáculos y cambios de sus reglas de juego”.
El debate está centrado en darle contenido al marco legal, de tal manera que se derive de leyes de carácter estatutario. Por su parte, Marcela Prieto, politóloga, magíster en Políticas Públicas y directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, señaló: “me preocupa que la discusión se está dividiendo en una dicotomía que es inútil y no aporta, es decir, entre quienes desean acabar con los grupos desde lo militar y quienes buscan las negociaciones. Una en la que, por ende, no hay un camino intermedio en el que se pondere, en sus justas proporciones, la conveniencia”.
En ese sentido, Marco Romero, profesor de la UN y director de Codhes, aseguró: “Cuando se aplican mecanismos de justicia transicional, sí existe un cierto grado de impunidad. Por eso, es importante un acuerdo de Estado, para que la concreción hacia cada proceso de negociación sea adecuada y reconocida”.
Finalmente, Carlos Edward Osorio, abogado, representante a la Cámara por el Tolima del Partido de la U y ponente del proyecto, destacó: “esta iniciativa pretende cambiar la Constitución Política del país, para sentar unas bases y lineamientos generales que permitan dar seguridad jurídica a un eventual proceso de diálogo de paz”.
